LA QUIMERA DEL SIGLO

(Este artículo fue publicado en el periódico La Razón de La Paz hace 13 años, el 27 de Abril de 1996; se refería al siglo XX. En el siglo actual la quimera de la lucha contra el narcotráfico continúa ocasionando grandes estragos sin que hayamos cambiado nada, tal como no es necesario cambiar nada al artículo).

Para el negocio del narcotráfico es fundamental difundir una sólida prohibición al consumo de drogas. Su enorme rendimiento económico está directamente relacionado con la penalización al consumo y a la producción de materias primas. A medida que se refuerzan los sistemas de interdicción y de persecución a los fabricantes, se encarece el producto haciendo su comercialización más lucrativa y por lo tanto más atrayente. La lucha contra el narcotráfico es la quimera del siglo por su efecto multiplicador contraproducente, que ha conducido a una abrumadora expansión del comercio de estupefacientes. Se nutre de la prohibición, que además fomenta el consumo. Enormes y múltiples intereses condenan el consumo de drogas porque prohibirlas es la base fundamental de su negocio.

Pero el consumo de drogas psicoactivas no siempre estuvo prohibido ni su uso es algo exclusivo de nuestro tiempo, como mucha gente tiende a creer. El proceso de prohibición está muy ligado al de expansión de la hegemonía de EE.UU. a principios del presente siglo. En aquellos años sus próceres moralistas eran unánimes en el convencimiento de que América debía “redimir“ al mundo. Para el imperio naciente, “la cruzada civilizadora internacional contra bebidas y drogas” fue el argumento para negociar los intereses de sus inversiones en otros países. Después de la Guerra Fría, la lucha contra el narcotráfico se vuelve a fortalecer como excusa para intervenir en países en desarrollo.

En EE.UU. la popularización del consumo de cocaína en particular fue relativamente lenta. La gran escalada de consumo estuvo muy relacionada con el fortalecimiento de su prohibición y se dio a partir de los años 60, cuando se estimaba que existían 10.000 usuarios, hasta alcanzar los 25 millones de cocainómanos actuales. Estas y todas las cifras señalan que la lucha contra el narcotráfico no conduce a la disminución de adictos.

Al analizar las posibles consecuencias de la liberalización del consumo de drogas, se suelen confundir los efectos de la drogadicción con los del narcotráfico. La sociedad es reticente a levantar la prohibición del consumo de drogas por los efectos devastadores de su uso en los adictos, sin compararlos con los enormes daños que ocasiona el narcotráfico. La triste imagen de vidas destruidas por la adicción a las drogas no deja ver claramente que es precisamente la prohibición al uso de drogas la que ocasiona la tragedia. El narcotráfico es una organización de ofertantes ávida por crear demanda al estar enormemente motivada por cuantiosos rendimientos económicos debidos a la prohibición. Sus intereses procuran confundir a la sociedad.

En nuestro medio contamos con numerosos y valiosos estudios que analizan la drogadicción y el narcotráfico; sin embargo, como se afirma en uno de ellos, la “toma de conciencia” sobre lo que significa el narcotráfico para un país como el nuestro, es muy lenta. Bolivia es una nación que además de compartir con el mundo la tragedia de la drogadicción, está gravemente amenazada por el narcotráfico. No sólo por su acción directa que reduce nuestra posibilidades de desarrollo productivo, propaga la corrupción en todos los niveles, aumenta la delincuencia y alienta el consumo de cocaína, sino porque la lucha para su erradicación es el gran pretexto para avasallar nuestra soberanía y nuestros derechos humanos amedrentándonos constantemente con “descerificaciones” e intervenciones militares. El narcotráfico aprovecha nuestra secular pobreza rural para mimetizarse entre la desesperación de nuestro campesinado difundiendo de él una imagen falsa de “traficante codicioso adicto al trabajo fácil”. Por todo esto el narcotráfico es para Bolivia una tragedia mucho más grave que para otros países. Deberá ser, por lo tanto, la nación más interesada en erradicarlo. Y para ello ya no podemos someternos a las falsas poses moralistas de países consumidores que no asumen su verdadera responsabilidad. Nos urge iniciar una cruzada para combatir el narcotráfico destruyendo el elemento que lo nutre: la prohibición al consumo de drogas.

Está claro que será muy difícil para nosotros abogar por abolir en el mundo entero la penalización al consumo de drogas para terminar con la farsa quimérica, pero por lo menos no exhibamos nuestra ingenuidad con poses de prohibición que fomentan el consumo y favorecen a narcotraficantes y a los que se benefician de ellos.

OMISIONES QUE CAMBIAN LA PRONUNCIACIÓN

La omisión de acentos en nuestro idioma ha sido desde mucho tiempo atrás el origen de graves confusiones en la pronunciación de nombres de ciudades, lugares, plantas, árboles, etc. Es una distorsión que se origina en la antigua costumbre – hoy oficialmente modificada – de permitir que las mayúsculas no lleven acento.

Este hecho es particularmente grave en un país como el nuestro, en el que la región oriental adopta muchos nombres nativos para regiones, plantas, árboles y frutos. Las lenguas nativas originadas en un tronco común, acentúan con especial énfasis las vocales. Por eso nuestros frutos más comunes como el achachairú, el tarumá, el ocoró, suenan totalmente distintos si no llevan acento; en algunos casos resulta incluso difícil entender a qué se refiere una pronunciación desacentuada.

Todo esto puede ser trivial para algunas personas que por su actividad sólo se encuentran ocasionalmente con la necesidad de pronunciar con propiedad. Pero para quienes están en contacto con el comercio forestal (paquió, ochoó, curupaú), con la extensión agropecuaria o con comunidades nativas del oriente, es fundamental darle importancia a la acentuación, especialmente a la hora de escribir transacciones comerciales o informes de experiencias. Y mucho más si se trata de reporteros e informadores que al ser los que más se dirigen al gran público se toman licencias que nadie corrige. Una de ellas es la de no acentuar Amazonía, desviación nacida de la influencia de la palabra en portugués que se pronuncia de otra manera.

De estas distorsiones nacen controversias como la de acentuar o no Chiquitanía. Lo más probable es que la palabra sea con acento, pero dada la manía de algunos informadores de no acentuar debidamente nuestros nombres originarios, se va difundiendo la duda. Dudas como ésta, al propagarse sin que nadie las corrija, sientan derecho y se vuelven tan universales como lo ocurrido con el río Piraí: en muchos diccionarios del mundo no sólo no acentúan la “i” sino que la cambiaron por i griega. Por eso para muchos visitantes es ahora el Río Piray.

Pero una de las omisiones actuales más preocupantes es la de los pronombres de países y regiones. Muchos salvadoreños reclamarían si oyen decir que son de Salvador y no de El Salvador (con pronombre que enfatiza, al referirse a Jesucristo, que no es un salvador, sino que es el – único – salvador). Y con pronombres están el Perú, el Uruguay, el Paraguay...y – por supuesto – el Beni. Si bien el caso peruano utiliza indistintamente el nombre del país con o sin artículo, esto es menos frecuente en el caso del Uruguay cuyo nombre se origina en el río Uruguay de la misma manera que el nombre del Paraguay. El departamento del Beni tomó su nombre del río Beni y debe respetarse su forma correcta con pronombre. Lo demás son licencias sin fundamento no aceptadas ni por el uso ni por la Academia Nacional de la Lengua.

AMAZONÍA SIN CARRETERAS

Sobrevolando el bosque amazónico en la frontera de Bolivia y Brasil se entiende a vista de pájaro la diferencia entre conservar y destruir. También es posible asomarse a las imágenes satelitales de google de la zona para apreciar la diferencia entre un bosque completo y otro invadido.

Cómo preservar el tejido verde de los bosques del norte de Bolivia y detener la destrucción en Brasil es el desafío de imaginarse un mundo distinto, basado en la sostenibilidad y no en el consumo. Pero es un desafío porque comprende la necesidad de estimular el desarrollo y reducir la pobreza. Conservar una selva con su fauna y flora no es tan difícil, lo difícil es conservarla con el ser humano adentro. La gran diferencia entre estos dos países radica precisamente en la desproporción de poblaciones. Mientras en el lado destruido se ha promovido la ocupación a base de carreteras y facilidades productivas que acaban destruyendo el medio, en el bosque prístino no existen condiciones para establecerse. El vecino nos demuestra que forzar la ocupación sin una planificación adecuada nos llevará a una destrucción irreversible.

Hasta ahora la reducida población de Bolivia ha sido uno de los principales aliados para evitar los estragos cometidos por el vecino, pero la invasión de esta región puede ser simplemente una cuestión de tiempo. Antes que ocurra debemos planificarla con planteamientos nuevos que desafíen a las ideas tradicionales. Un cambio total de conceptos que hagan por ejemplo que no construyamos carreteras o líneas férreas y más bien aprovechemos el sistema fluvial de la cuenca amazónica para el transporte de grandes volúmenes; que subsidiemos al transporte aéreo para el traslado de personas; que recompensemos por la conservación del bosque; que hagamos cumplir a cabalidad las normas de certificación en la producción de madera; que fomentemos la industrialización de productos no maderables para evitar la agricultura a gran escala y en fin, que adoptemos medidas basadas en un cambio del paradigma de desarrollo. Si tanto se habla de que el principal activo de la región son sus reservas de carbono que alcanzarían a un valor de 2,8 billones de dólares, tengamos la habilidad de convertirlos en recursos para estas acciones.

No olvidemos lo expresado por varios analistas: la Amazonía no está siendo deforestada por comunidades; está siendo desmontada y degradada por las acciones de individuos, sean éstos familias o empresas, y si se la quiere salvar de la destrucción, será necesario motivar a los individuos para que cambien de comportamiento. Y entre estos individuos están los gobiernos que por populismo fomentan la invasión de esta región para repetir la combinación de destrucción y pobreza y los seudo empresarios que han destruido y siguen destruyendo bosques a razón de 200.000 has por año para implementar una agropecuaria basada más en la posesión que en la productividad.

PAÍS CHICO Y HETEROGÉNEO

Entre las 193 naciones oficialmente inscritas en el mundo es muy poco frecuente encontrar alguna con las características de Bolivia: ser un país chico – refiriéndonos a su reducida población, no a su geografía – y contar con una marcada diversidad cultural, o sea, heterogéneo.

La heterogeneidad es característica de grandes poblaciones. Gobernar una nación heterogénea es complejo pero las dificultades son compensadas por las ventajas de administrar un país populoso en el que se cuenta con mayores aportaciones impositivas, mejor rendimiento de inversiones en infraestructura y en general un menor costo per cápita de los bienes públicos. Bolivia enfrenta la complejidad de ser un país de amplia diversidad cultural sin las ventajas de contar con una gran población. O dicho en el otro sentido, las ventajas que podría tener por ser chico, las pierde por no ser homogéneo.

Resulta interesante para esta realidad el análisis que expone el libro publicado por los profesores Alberto Alesina y Enrico Spolaore de la Universidades de Harvard y de Tufts respectivamente, titulado “The size of Nations” (The MIT Press, 2005). La investigación argumenta que el tamaño óptimo de un país está determinado por la interacción entre su tamaño y los costos de su heterogeneidad. Los países más prósperos del mundo son chicos y homogéneos y tienden a ser abiertos al intercambio comercial. En cambio la diversidad cultural plantea mayores esfuerzos por la amplitud de preferencias en cuanto a comercio exterior y esquemas redistributivos. En la medida en que la población sea más heterogénea estará menos satisfecha con las políticas del gobierno central.

Bolivia ha pretendido hasta ahora ocultar su heterogeneidad cultural y es por eso que se encuentra en el difícil trance de pasar de lo que creía ser - chico y homogéneo - a aprender que siendo chico es tan diverso culturalmente. No entender esta situación lleva a que muchos consideren que es un país inmanejable y a plantear políticas de desarrollo ajenas a su realidad que generan caóticas explosiones de insatisfacción.

En el diseño de una política nacional, la inclusión de las preferencias de grupos con amplia divergencia de posiciones plantea engorrosos empantanamientos que complican la consolidación de una institucionalidad. Es el costo de la “heterogeneidad de preferencias”. Esperar que el diseño de una nueva Constitución no ocasione grandes enfrentamientos es el resabio de haber vivido casi dos siglos en la errónea aspiración de que Bolivia es un país homogéneo. Simuló ser homogéneo en base a la exclusión y a la concentración de poderes, pero a medida que la democracia fue incluyendo a más población en la toma de decisiones saltó a la vista que la centralización es un lastre. Los más interesados en mantener esa centralización fueron los grupos de poder económico, político y sindical quienes ante el avance de la heterogeneidad tuvieron que cambiar de discurso.

MERCADO DE CARBONO. ¿COMPRANDO INDULGENCIAS?

El rechazo del gobierno boliviano a participar del mercado de los bonos de carbono suena para muchos como un nuevo desafío solitario que conduce simplemente a perder más oportunidades en el mercado internacional.

Sin embargo, como en otras ocasiones, estas propuestas que hace el gobierno en los foros del mundo, son planteamientos de diversas ONG’s ambientalistas e investigadores socioeconomistas que cuestionan los mecanismos de mercado con renovado empuje desde la caída del sistema financiero. En realidad la posición del gobierno en este tema no es nueva. Ya en diciembre del año pasado en la 14ª. Conferencia del Cambio Climático en Polonia afirmó que el cambio climático se ha convertido en un negocio para los agentes financieros y las grandes corporaciones. No por esto han dejado de funcionar los programas de Reducción de Emisiones de Carbono, el Plan de Acción Climática Noel Kempf ni las normas de Certificación Forestal.

Para el físico brasilero Luiz Carlos Molion el interés de las empresas y gobiernos está en entrar en ese mercado para ganar dinero y no para la preservación del medio ambiente. Lo mismo opina el investigador de la Fundación sueca Dag Hammarskjold y autor del libro “Carbon Trading”, Larry Lohmann, para quien el Protocolo de Kyoto y el comercio de carbono en él previsto no significan grandes alteraciones para el escenario mundial de emisiones de gases de efecto invernadero. Lohmann considera que “se trata de un mecanismo de mercado, poco práctico y nada efectivo, que promueve el comercio del derecho a polucionar y que acaba funcionando de manera perversa al drenar las atenciones a soluciones más radicales y efectivas”.

El famoso profesor polaco naturalizado francés “ecosocioeconomista” Ignacy Sachs hace un paralelismo de la inversión en créditos de carbono con la compra de indulgencias en el siglo XVII a la Iglesia Católica, con las que los ciudadanos ricos adquirían libertad para pecar. Este mecanismo de comprar el derecho a polucionar desvaloriza el principio de “polucionador – pagador” para dar lugar al precepto de que “quien poluciona, gana”.

En una realidad que demuestra que no existe preocupación por el medio ambiente ni con el futuro de la humanidad al haber transformado el cambio climático en un comercio, en una nueva bolsa en la que existen empresas dispuestas a invertir millones de dólares en créditos de carbono con la intención de venderlos posteriormente, la búsqueda de estrategias que realmente mitiguen la emisión de gases de efecto invernadero es un desafío. Los investigadores progresistas proponen aplicar una regulación dura, que sancione y controle a la industria poluyente; plantean que los gobiernos de los países industrializados transfieran subsidios de los combustibles fósiles a la energía renovable, emprendan inversiones públicas grandiosas en eficiencia energética y transporte y apliquen la regulación convencional y las multas de manera más radical.

EDUCACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Ningún país supera el subdesarrollo si no resuelve el drama de la pobreza rural. Ya se ha demostrado que un Estado gasta seis veces más en crear empleos en áreas urbanas que en zonas rurales y que la presión por espacios y servicios en las urbes nace de la migración del campo a la ciudad por falta de oportunidades. Por lo tanto, el requisito fundamental para el desarrollo nacional es la reversión de todo lo que impide el progreso económico fuera de los suburbios.
En Bolivia dos factores influyen de gran manera en su atraso en desarrollo humano y agrario: la pésima educación en escuelas básicas rurales y en formación técnica agropecuaria y la carencia total de infraestructura básica como carreteras, comunicación, energía y servicios rurales. El primer factor es común a la región; América Latina mantiene una permanente desventaja en productividad agropecuaria en relación a países desarrollados. En general sus sistemas educativos son obsoletos, alienados y excluyentes, dedicados a impartir una formación desarticulada de la realidad y conducida al desempleo.
En nuestro país - además - hemos vivido por siglos pretendiendo ser una sociedad monocultural negando nuestra interrelación de idiosincrasias. Esto ha conducido al desprecio de destrezas tradicionales útiles para alcanzar eficiencia productiva y para valorar los recursos de nuestro entorno natural.
Nuestras escuelas básicas rurales imparten una enseñanza dirigida a que el alumno huya del campo y se avergüence de su origen. No se valoran habilidades agrícolas o pecuarias ni se crea una conciencia en la conservación de los recursos naturales. En áreas con idiomas nativos se bloquea la imaginación del alumno obligándolo a aprender un idioma ajeno al de su hogar y a muchos se les ha hecho común el desprecio de su idioma materno por su inutilidad para cualquier trámite elemental (ni siquiera la partida de bautizo se tramita en idioma nativo). Creciendo en un medio en el que se valora tan poco lo propio, es lógico que cada día se incrementen las masas de desempleados en urbes nacionales o del extranjero.
Nuestras escuelas técnicas y facultades de carreras agropecuarias no son un nexo entre la ciencia y la producción; no capacitan para difundir destrezas que mejoren y consoliden conocimientos empíricos. En general el mundo académico está desligado de realidades cotidianas de la economía rural; el extensionista o facilitador de tecnologías para la producción – cuando existe - es cada vez más un agente de ventas que acomoda productos, desentendido de la producción integral. El resultado es el mismo en todas las regiones del país ya sea para agricultura de subsistencia o mecanizada comercial: improvisación, desperdicio, destrucción de recursos naturales y rendimientos medios muy alejados de los estándares regionales.
Tan deplorable como ésto es el estado de la infraestructura rural que aleja toda producción de la dinámica comercial. La aplicación de tecnologías es más complicada en un mundo rural remoto, carente hasta de estaciones meteorológicas confiables.
Por todo esto es necesario diseñar una política de desarrollo rural que considere fundamental un cambio total en la educación y priorice inversiones en infraestructura. A nada conducen las viejas consignas de repartir tierras y pedir créditos porque no se trata sólo de recursos sino de conocimientos. Motivémonos para tener la voluntad de propiciar una educación tecnológica para la eficiencia.

ECONOMÍA DE MERCADO CON REGULACIÓN ESTATAL

Para consolidar la democracia es imprescindible fortalecer al Estado. Una característica común en los países pobres es la debilidad de sus Estados, la carencia de una entidad independiente que vele por la comunidad. En ellos el Estado es sinónimo de gobierno porque está avasallado por grupos de poder.
En los países desarrollados, por más capitalistas que sean y por más libertad de que gocen sus ciudadanos, es impensable burlarse del Estado. Las virtudes que se les atribuyen a sus habitantes en cuanto a orden y limpieza, honradez, puntualidad, afán de ahorro e inversión o respeto a la ley y a los derechos de los demás, han sido inculcadas a través de multas, sanciones y ejemplos preconizados por una institución que vela por todos y que lejos de ser paternalista garantiza el cumplimiento de obligaciones y derechos. En países pobres los habitantes sienten un gran desamparo que conduce a la sociedad del “sálvese quien pueda” por la falta de credibilidad de las instituciones.
Si los grupos de poder dominan la economía, hasta qué punto es posible que ésta sea libre?
El fracaso del liberalismo y su economía de libre mercado – mal llamado neoliberalismo incluso por economistas de renombre – no es novedad en el mundo. Se expresó como un cataclismo económico a fines de los años 20 del siglo pasado dando lugar a nuevas propuestas surgidas del análisis de sus limitaciones. Estos movimientos críticos fueron liderados por una escuela de economistas surgida en Alemania durante los años treinta del siglo XX, que plantea básicamente que los grupos de poder son los que tergiversan la libertad del mercado. Para esta escuela la “mano invisible” del mercado que supuestamente corrige estas distorsiones, no existe, porque está manipulada por grupos de interés que priorizan sus privilegios antes que los de la comunidad. Plantea que estas alteraciones deben ser corregidas por el Estado asegurando las condiciones para el desarrollo de una “competencia perfecta” en la que tanto la demanda como la oferta de un bien, estén en competencia y en la que los “monopolios forzosos” (empresas de servicios que necesariamente son únicas y no tienen competencia) sean reguladas por la Autoridad Estatal para velar por los consumidores.
Imperceptible y silenciosamente muchos grupos de poder manipulan el acceso a mercados y a la libre expresión parapetados en sindicatos, gremios, clubes, empresas, partidos políticos, religiones y diversas cofradías que pregonan su servicio a la colectividad, pero en realidad sólo están para velar por sus intereses. Ocultar la influencia de los grupos de poder en la economía es parte de esta confabulación y muchos se prestan a eso ingenua o interesadamente. Pero las sociedades pobres son concientes de este desequilibrio que da lugar a la desconfianza en la economía de mercado, en la democracia y en la globalización, que se interpretan como pactos para perpetuar los privilegios de las oligarquías.
Bolivia se encuentra frente al gran desafío de reorientar sus leyes y su gran objetivo deberá ser el fortalecimiento de un Estado regulador y promotor de una economía de mercado verdaderamente libre para todos. Un Estado que demuestre realmente que la democracia es el mejor sistema de gobierno y viabilice para todos las ventajas de la globalización.
La doctrina de las nuevas generaciones deberá ser la consolidación de un Autoridad Estatal independiente, prestigiosa y respetada que nos libere de nuestra actual sensación de frustración y desamparo.

En agropecuaria el problema no es la tierra

Si en agropecuaria la tenencia de tierra fuera fundamental, países de reducida extensión territorial no tendrían exportaciones agropecuarias significativas. Tampoco existiría producción en tierras alquiladas. Si la tenencia de tierra fuera realmente el meollo del problema, nuestra Reforma Agraria hubiera tenido resultados muy diferentes. Lo esencial en la producción agropecuaria moderna es la aplicación de tecnología. En consecuencia, para un adecuado rendimiento del capital a través de la tecnología es imprescindible contar con una elemental infraestructura de acceso, de comunicaciones, de energía y de información. Es necesario transformar un país de red troncal en una nación interconectada, con el desafío adicional de evitar que la interconexión signifique la destrucción de recursos naturales.

En países con existencia de latifundios y minifundios lo que falla es la reducida aplicabilidad del capital debido a la desatención del Estado en infraestructura básica. Un fundo rústico de gran extensión, que es un latifundio, está condenado a esa rusticidad debido a que no resulta rentable la aplicación de tecnología. Esta rusticidad significa una baja productividad por hectárea, como la de la ganadería extensiva nacional que es una de las pocas alternativas productivas con las que puede contar una región remota. De la misma manera, el minifundio, resultado del excesivo parcelamiento, es la única opción de áreas sin acceso permanente a mercados tanto de aprovisionamiento como de comercio de productos. Ya se ha demostrado hasta el cansancio que en áreas altiplánicas, por ejemplo, con actividades agropecuarias definidas y capitalizadas, el minifundio no existe.

Por lo tanto discutir si un país debe o no permitir la propiedad de 5.000 o 10.000 has es un tema enmarcado en pugnas de poder y no en desarrollo agropecuario. Es el resultado de una concepción que basa su “modelo de desarrollo” en la expansión de la frontera agrícola y no en la productividad. Los datos están a la vista con rendimientos de soya, caña de azúcar, arroz o papa que son los más bajos del continente. El modelo hasta ahora prioriza la ocupación antes que la preservación de recursos como los suelos y el agua.

Pero este subdesarrollo agropecuario ha permitido que Bolivia no cometa los errores de países cuya gran productividad está basada en una interconexión destructiva, como la ganadería en la Amazonía brasilera o las catástrofes sanitarias por uso masivo de herbicidas en la producción de soya argentina. Probablemente hay quien se lamenta porque Bolivia no imite esos sistemas productivos, pero nuestro desafío es producir más y en forma sostenible en los suelos ya ocupados, sin seguir las consignas de los gobiernos y de los dirigentes agropecuarios basadas en la repartición de tierras.
Soñemos con una visión común: producir más en menos tierra en una nación ingeniosamente interconectada.

Hoja de coca en la ONU

En la última reunión de la ONU para “un mundo sin drogas”, la entidad demostró una vez más su ambigüedad y sometimiento a países dominantes. Como en otros temas, la ONU desatiende datos reales y hasta al sentido común por alienarse con Estados Unidos y otros países cuyas sociedades se ahogan en droga, nicotina y alcohol, pero mantienen posiciones oficiales conservadoras.

En esta subordinación sorprende su gran diligencia para condenar la hoja de coca sin mencionar para nada los estragos que en el mundo ocasiona la nicotina, industria enorme creada y basada en Estados Unidos, cuya adicción se inicia entre personas sin criterio formado, adolescentes, y su consumo envenena el ambiente incluyendo a personas no adictas. Si la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 prohíbe mascar coca, ¿porque no prohíbe también consumir nicotina que mata a más de 7 millones de personas al año?

La ONU debería ser precisamente la entidad que le recuerde a países como Estados Unidos que no tiene ninguna autoridad para pretender liderar interdicciones a otras drogas siendo un país que reparte nicotina a los adolescentes del mundo. Como si eso fuera poco es además el país que alberga a más de cincuenta millones de adictos a diversas drogas. Esto significa que es un mercado fundamental para los carteles de la droga, para el tráfico de precursores y para el lavado de dinero. Sin centros multitudinarios de consumo que influyen en el tráfico de todo el mundo no ocurriría lo que los datos muestran: que el narcotráfico tiene más dinero que hace diez años y mueve un mercado de 300 billones de dólares al año.

Ante un panorama marcado por la hipocresía es natural que surja un contestatario mascando hoja de coca delante de todos y es comprensible que una entidad sometida como la ONU se haga la desentendida ante la necesidad de definir si se prohíbe todo o no se prohíbe nada. Pero que en el propio país de la hoja de coca haya gente que condene una actitud menos nociva que la de un fumador, es ya el colmo de la demostración de servilismo.

El narcotráfico sigue ganando la batalla y los principales responsables de eso son estas actitudes esbirras de entidades, países y personas que permanecen alienadas a la vieja cantaleta que defiende la guerra al tráfico basada en la represión, en contraste con los que proponen políticas de reducción de daños, de descriminalización completa del consumidor y del tratamiento de la dependencia química como una cuestión de salud pública.

Y una actitud tan inquisidora ante la hoja de coca es hasta sospechosa porque como ya alguien dijo: son precisamente los que prohíben el consumo los que avalan al narcotráfico. Si a eso añadimos el hecho palpable de que la política represiva muestra en los hechos una escalada armamentista que expande los problemas de la droga a lugares donde no existía, el negocio está completo. O sea que es cuestión de escandalizarse ante la droga para seguir expandiendo el negocio del narcotráfico y la venta de armas.