En diversos foros se analizan periódicamente los factores
que influyen en el desarrollo rural de los municipios del país. Desde que fortalecieron
sus presupuestos a través del impuesto a los hidrocarburos y otros ingresos, la
inversión pública en estos distritos se ha multiplicado significativamente
pasando de 140 a 991 millones de dólares en los últimos seis años. Sin embargo,
los montos promedio ejecutados no pasan del 60%, de los que menos del 5% se
destina a inversiones productivas. Todo está prácticamente centralizado en
obras de infraestructura, como se puede ver al recorrer poblaciones rurales en
las que sobresalen coliseos, colegios, mercados, postas sanitarias, canchas de
pasto sintético, rimbombantes edificios municipales y otras obras tan visibles
como improductivas.
En los foros de análisis en los que participan
autoridades municipales y productores, se enumeran diversos factores que impiden
al municipio incluir mecanismos para transferir recursos a los actores
económicos del desarrollo que son los pequeños productores. Pero en realidad lo
preocupante es que la mayor parte de estos argumentos son sólo pretextos que revelan
el problema fundamental: no hay voluntad política de las autoridades
municipales para promocionar y fomentar la participación de las organizaciones
de los pequeños productores en la planificación, ejecución y seguimiento de los
planes de desarrollo.
Esta falta de voluntad política se expresa en el rechazo
por parte de las organizaciones sociales territoriales a las asociaciones productivas,
en una actitud alarmante y paradójica porque siendo las autoridades mismas
parte de la comunidad y de sus asociaciones, no las reconocen como representantes
legítimas del territorio y lo que es peor, se oponen a que entidades
particulares logren beneficios.
Muchos líderes políticos
municipales consideran que la prosperidad particular y familiar es contraria al
progreso de la comunidad, convencimiento que defienden en acaloradas
intervenciones en las que su fobia al beneficio particular los lleva a negar
que las Organizaciones Económicas Campesinas sean entidades privadas. Estas
contradicciones contribuyen al divorcio entre las políticas públicas para el
desarrollo agropecuario y el desarrollo rural desde una visión territorial
local y de negocio sostenible.
En los foros de análisis los
líderes de productores, que muchas veces son vecinos y hasta parientes de las
autoridades, son muy duros criticando el total desprecio del municipio por la
producción, que en muchos casos da vida al pueblo. Y es que al final, como
dicen ellos, todas esas escuelas, postas, canchas y mercados quedarán vacíos si
no se consolida la producción en manos particulares.
Dado que las asociaciones
de productores no son sujetos de transferencia de recursos públicos, muchas de
ellas tienen poca legitimidad y reconocimiento ante las organizaciones sociales
territoriales y más bien en muchos casos ambas están en conflicto, impidiendo
el desarrollo de acuerdos y visiones comunes sobre desarrollo local.
Por todo esto los foros en
los que se analizan los factores que impiden y retrasan el desarrollo económico
rural deberían abocarse a revertir la esencia del problema que no es otro que la
falta de voluntad política de las organizaciones sociales y de las autoridades
municipales para apoyar la participación efectiva de las organizaciones de
productores en la planificación municipal.
