EXTRACTIVISMO REACIO AL CAMBIO

Construir carreteras en áreas protegidas indígenas o invadir parques naturales con exploraciones petroleras es lo mismo que haría cualquier gobierno capitalista basado en el extractivismo. Es el resultado de la carencia de liderazgo creativo capaz de innovar ante nuevas realidades, “descolonizando la mente” para liberarla de su sometimiento a hacer más de lo mismo. El arraigado pensamiento fatalista de creer que estamos irremediablemente anclados a un mercantilismo global capitalista, impide el esfuerzo de imaginación que abre la voluntad para aceptar que la probabilidad de otras alternativas es posible. A la mentalidad reacia al cambio le cuesta entender que existen otras opciones y otros líderes para construir un país diferente en el que el extractivismo deje de ser una obsesión; exige recetas concretas e inmediatas que se traduzcan en dinero efectivo.

Por eso insiste en las tradicionales vías de comunicación a través de asfalto y cemento incluso en territorios de agua y es incapaz de desarrollar otras alternativas de ingreso que no sean las del vicio de recurrir a la extracción de recursos no renovables. Le es difícil plantearse otra forma de agricultura que no sea la de monocultivo y otra ganadería que no esté basada en la deforestación. En general se aferra a los viejos conceptos del mercantilismo clásico que considera que otras alternativas son demasiado costosas porque no evalúa los costos en forma correcta. Y esto significa que no cuantifica el valor de recursos naturales como el aire, el agua o la biodiversidad.

Cambiar la mentalidad extractivista es un desafío local y del mundo. Por eso las reuniones de partes ante el cambio climático avanzan lentamente o se empantanan en discursos que revelan la influencia de un autismo desconectado de la realidad planetaria, que trata los problemas globales bajo una óptica separatista, excluyente y territorialista, dirigida por intereses económicos.

Que el mundo insista en una visión disociada del mundo natural y nosotros lo secundemos añadiendo nuestros seculares caudillismos, es una miopía con la que perdemos un tiempo valioso para la transición radical hacia un mundo sustentable. No se trata de la calumnia permanente sobre quién destruye más bosques o emite más gases o dilapida el agua dulce, sino de enfrentar el verdadero problema que es la falta de una visión holística, planetaria y sin fronteras geopolíticas. Una visión que permita cambiar la mentalidad fatalista de creer que el extractivismo es forzoso y que en forma universal nos lleve a una transformación paulatina, democrática, sostenida y consensuada.

Insistiendo en el extractivismo no nos comportamos como una sociedad responsable de sus recursos naturales que se anticipa a las alteraciones climáticas y ambientales, sino como un país del común que explota en exceso sus recursos, movido por la necesidad, la negligencia y la improvisación política de seudo-líderes incapaces de entender que la gran revolución es la del ser.

De la misma forma en que la mentalidad reacia al cambio nos conduce a la periódica irrupción de insustituibles salvadores de la patria, también insiste en la tradición bíblica de creer que el hombre es el centro del universo y en el mito del extractivismo como fuente de desarrollo y bienestar.

Es el eco-suicidio por no entender que el milagro no es el hombre sino la vida.

INNOVACIÓN AGROPECUARIA Y FORESTAL

A diferencia de países vecinos, Bolivia nunca pudo desarrollar adecuadamente una entidad de investigación y extensión agropecuaria y forestal para acompañar al productor con tecnologías de producción. Fue la cooperación internacional la que introdujo la primera etapa de un modelo basado en investigación y extensión – al sobrevenir una crisis alimentaria después de la guerra del Chaco – con el Servicio Agrícola Interamericano, SAI (1948-1975), que estableció estaciones experimentales en el altiplano, valles y oriente.

Este primer intento fue el único basado en la ciencia porque posteriormente se impuso – con cortos períodos de verdadera investigación - el clientelismo y manejo político de la extensión agropecuaria a través de entidades de diversos nombres según el gobernante de turno: Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria, IBTA (1975-1997); Sistema Boliviano de Tecnología Agropecuaria, SIBTA (2000–2007) y el actual Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal, INIAF creado el 2008.

La situación fue un poco diferente en el departamento de Santa Cruz porque la cooperación internacional pudo mantener una entidad de investigación y extensión agropecuaria durante 40 años al iniciar en 1976 el Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT). Este factor positivo tuvo además la influencia de distintas corrientes migratorias de colonos extranjeros y nacionales que innovaron e improvisaron diversas tecnologías, contribuyendo al desarrollo agropecuario local. Sin embargo, en la actualidad este aporte ya no está debidamente acompañado por el CIAT cuyas autoridades departamentales repiten todos los vicios de las entidades del Estado, empezando por no priorizar su institucionalización.

Ante esta situación, los productores agropecuarios y forestales del país de tierras bajas y altas trabajan en absoluta orfandad, desconfiando de todo acercamiento de las entidades de investigación. Pero hoy más que nunca es necesario apuntalar la seguridad y la soberanía alimentaria con la innovación tecnológica para enfrentar el cambio climático, revertir la dependencia de recursos no renovables y recuperar la vocación agropecuaria y/o forestal de los municipios. Para esto es urgente reclamar al Estado que cumpla con su obligación, aprovechando las leyes que dictó el gobierno cuando era de cambio, como el Plan Nacional de Desarrollo, Decreto Supremo del 2007 orientado a la transformación y diversificación de la matriz productiva que crea los Consejos Departamentales de Innovación Agropecuaria y Forestal como instancias legales de seguimiento a todas las entidades de investigación del llamado Sistema Boliviano de Innovación que forma parte del Viceministerio de Ciencia y Tecnología.

Las organizaciones de productores agropecuarios y forestales deben fortalecerse con una visión consensuada hacia objetivos concretos de producción en su entorno particular para ejercer un rol de reclamo permanente a través de los CDI’s y los instrumentos que da la ley 341 de participación y control social. Estos mecanismos legales deben dinamizarse con carácter de urgencia, antes de que el manoseo político acabe de desmantelar lo poco que queda de laboratorios, bancos de germoplasma, certificación de semilla y todo el acervo tecnológico aportado por fundaciones, ONG’s y centros de estudios que priorizan la ciencia sobre la ideología.

SOBERANÍA CON LA MEJOR GENTE

Si para el gobierno fuera importante la soberanía alimentaria, haría lo mismo que hace para consolidar la soberanía marítima: llamar a la mejor gente. Pero ningún directivo de las entidades que rigen la soberanía y seguridad alimentaria ha sido elegido por concurso de méritos. Prevalece la secular politización del sector que lleva a productores agropecuarios y forestales a una permanente frustración y escepticismo, sobreviviendo como pueden. Pasó lo mismo después de la Reforma Agraria provocando que en su abandono el agricultor se refugie en el comercio, que está ahora totalmente arraigado en detrimento de la producción nacional.

Por eso lo que hoy exporta nuestro país es lo mismo de siempre: hidrocarburos y minerales que representan el 83% de sus ingresos, y es capaz de vender a la Madre Tierra con tal de defender su adicción a este vicio. La pretensión del 2007 de cambiar la matriz productiva a través del Plan Nacional de Desarrollo es hoy una quimera burlesca. El amague de acercamiento al sector a través de la cumbre agropecuaria fue motivado por el descenso de los precios de las exportaciones tradicionales no renovables y no por un análisis serio de lo que no funciona para cambiar el molde y convertir en tradicionales a los productos renovables.

Las poses demagógicas han ocasionado que hasta ahora los avances sociales hayan quedado a medio camino; ya no importan los pueblos indígenas ni sus TCO’s como reservas de biodiversidad, porque ahora son lo que eran antes: tribus desarrapadas semisalvajes a las que hay que dotar de asfalto y cemento violando sus territorios, al mismo estilo extractivista de cualquier gobierno “neoliberal”.

El tratamiento del sector forestal es un claro reflejo de una política errante que al iniciar su gestión emprendió con gran entusiasmo y pompa la revisión de la ley forestal. Hoy se utiliza la misma del siglo pasado y al sector se lo excluye de foros, cumbres y planes, marcando un retroceso que se inicia en el cuoteo político de sus autoridades.

Al inicio del cambio se hicieron reformas trascendentales en la gobernanza de bosques, cuyos gestores son ahora en su mayoría comunidades indígenas. Pero la política forestal divagante que por un lado difunde que la producción maderable es destruir el bosque y por otro se abre a la ampliación de la frontera agrícola, las está perpetuando en la pobreza, desaprovechando la gran oportunidad de reconciliar la conservación con el desarrollo a través del manejo forestal comunitario.

Y en aplicación de la vieja escuela mercantilista, se pretende demostrar la inviabilidad económica del sector forestal maderable y no maderable comparando su rendimiento económico con los de actividades agropecuarias, excluyendo de los cálculos a los enormes servicios ambientales que brinda el bosque en la captura de carbono, la protección de cuencas y fuentes de agua y la regulación del clima. No interesa que la ciencia haya demostrado que al destruir los sistemas de regulación del clima estamos aniquilando toda posibilidad futura de producción alimentaria; no importa que demuestre que las ecuaciones están mal hechas si no incluimos el valor económico de los servicios ambientales, no incumbe el futuro sino la acumulación irracional de hoy. Por eso la soberanía y seguridad alimentaria significan muy poco y se excluye de ellas a la mejor gente, para reemplazarla por inefables difusores de ideología que con sus peroratas exaltadas oscurecen la ciencia y tergiversan los números.

LOS ALIMENTOS NATURALES NO EXISTEN

Es difícil que el gran público entienda lo que son los transgénicos si cree que los alimentos naturales existen. Todo alimento es producto de la manipulación humana que desde tiempos remotos ha mejorado animales y plantas silvestres a través de cruzamientos, modificando la estructura genética inicial para resaltar características deseables (un cultivo de tomate en el que todos tienen determinada forma y tamaño, por ejemplo). La diferencia entre la técnica convencional y la transgénica es que en la primera no intervienen organismos distintos (se cruzan tomates entre sí) a diferencia de la segunda en la que se introducen genes de un organismo diferente (se combina el tomate con una bacteria). La biotecnología nos permite prescindir de elementos externos con excepción de la semilla, y es la que hace posibles a la agricultura orgánica y la agroecología. Es impresionante, por ejemplo, la cantidad de veneno que se aplica a un cultivo convencional de tomate no mejorado genéticamente para ser resistente a plagas y enfermedades.

El gran valor de la fauna y la flora silvestre reside en que son una fuente insustituible de genes que a través de una combinación apropiada dan lugar a los frutos, las verduras, los cereales y las carnes actuales que no se recogen prístinos de la naturaleza. Por eso los alimentos naturales no existen, como no existe la agricultura natural. “La única agricultura natural es la cacería y la recolección”, dice el maestro Fukuoka, precursor de la permacultura (sistema agrícola de auto mantenimiento basado en ecosistemas naturales).

El mejoramiento genético que permite que comamos una lechuga perfecta, creada mucho antes de que se cultiven alimentos transgénicos, es el resultado de cruzamientos y diseños experimentales de empresas transnacionales o institutos de investigación que recuperan la inversión a través de la propiedad exclusiva de la semilla, garantizando y certificando sus características concretas que se pierden en la resiembra; no es posible reutilizar las semillas debido a que las plantas pierden sus características deseables. Por eso no es correcto afirmar que los cultivos transgénicos aumentan la dependencia de empresas transnacionales siendo que ya dependemos de ellas hace mucho tiempo para todo, desde una manzana pulcra a una gallina prodigiosa capaz de poner un huevo todos los días del año. El problema reside en que el avance tecnológico lo lideran empresas de lucro, cuando debería estar en manos de institutos y universidades.

El mejoramiento genético provoca pérdida de biodiversidad al ser un proceso de selección continua que va desechando genes no deseados. Esto hace imprescindible aislar, preservar y proteger los recursos genéticos con bancos de germoplasma y normas adecuadas de producción, y no a través del rechazo a la tecnología. Estos bancos están representados por la compilación clasificada de germoplasma nativo y por los parques, las áreas protegidas y los territorios indígenas.

Resulta extravagante que un país que siempre ha sido irresponsable a la hora de cuidar su germoplasma, que no prioriza la inversión en innovación tecnológica, que hasta ahora no ratifica el protocolo de Nagoya para el acceso y distribución de beneficios de la biodiversidad y que arremete contra indígenas y parques en la vieja lógica de “mucha tierra para poco nativo”, prohíba el uso de transgénicos. Es el resultado de que la agropecuaria esté en manos de gente no seleccionada por su capacidad sino por su servilismo político.

SEMBRANDO DESASTRES

Si la cumbre “sembrando Bolivia” está basada en la ampliación de la frontera agrícola en vez de priorizar la eficiencia productiva, lo que realmente sembrará serán desastres.

La producción de soya y ganado ha ocasionado más del 80% de la deforestación en la Amazonía ocasionando graves desórdenes climáticos que se convierten en desastres cada vez más frecuentes. Ante esta amenaza el gobierno creó la ley 337 que obliga a ganaderos y agricultores a reforestar el 10% de tierras desboscadas entre 1996 y 2011. Pero lo hizo en tiempos de pose ecologista, cuando creía en los derechos de la Madre Tierra.

Actualmente los grupos agropecuarios del oriente no sólo rechazan la obligación de reforestar una superficie equivalente a 150.000 has, sino que aprovechan los titubeos gubernamentales para lograr la aprobación del desbosque de 300.000 has, con eufemismos como “expansión organizada y planificada de la frontera agrícola a través del manejo integral y sustentable de los bosques” y pretextando el cumplimiento de la Función Económico Social.

Lejos de adoptar una mentalidad basada en la eficiencia y en la adopción de tecnologías modernas para reducir la dependencia de recursos no renovables, las autoridades vacilan irresponsablemente en permitir su utilización, atendiendo a charlatanes más que a científicos. En un tono similar, los productores reclaman la apertura al uso de biotecnología, pero se cierran a adoptar innovaciones para hacer más eficiente la ocupación del territorio, como los Sistemas Agroforestales, el Pastoreo Racional Voisin, el Manejo Integrado de Plagas o los Planes Integrales de Manejo de Suelos.

Por todo esto la situación agropecuaria nacional acaba siendo una combinación perversa entre desastres e incapacidad de aplicación de tecnologías. Si una región se inunda normalmente todos los años (Llanos de Moxos y el Pantanal) y ante estas crecidas anuales predecibles no se aplican prácticas adecuadas de producción, cuando llega la sobre-inundación ocasionada por la deforestación en la cuenca alta de los ríos que la surcan, el desastre es total. Si otra región es de sequía periódica predecible (Chaco) ante la que no se han desarrollado estrategias (estudiando mejor las fuentes de agua subterránea que afloran en vertientes cada verano, para adoptar sistemas de riego tecnificado y tecnologías de cosecha y conservación de agua), cuando llega una sequía extrema las pérdidas son cuantiosas.

Esta dinámica de considerar problemas a lo que son realidades es consecuencia de la errática política de desarrollo agropecuario que en cada gobierno fragua una entidad de tecnología agropecuaria. Nuestros vecinos cuentan con entidades eternas de investigación, transferencia tecnológica y extensión agropecuaria, mientras nosotros seguimos creando bastiones de transfugio político y de improvisación permanente.

Ante este panorama caótico sólo quedan pocas alternativas para llamar la atención. Una de ellas es la conciencia ciudadana bien informada para que exija ciencia y alimentos cuya producción no dependa de la demolición de bosques. Otra es la FAO que con documentos como “La larga sombra del ganado” recuerdan al mundo que la pecuaria y sus derivados pueden acabar con el planeta. Y otra es la ley de los derechos de la Madre Tierra que insta a “reconocer que los sistemas de vida tienen límites en su capacidad de regenerarse, y que la humanidad tienen límites en su capacidad de revertir sus acciones”.