Agua: cumplir obligaciones para que el derecho se haga realidad

Resulta extraño que el acceso al agua y al saneamiento, algo tan elemental para la vida, tenga que ser reconocido en una resolución de la Organización de las Naciones Unidas como un derecho humano. Tener que oficializar en el papel este derecho es un resultado de la escasa noción universal de las obligaciones que tiene el ser humano para preservar el agua. Se norma el derecho para que cuidar el recurso sea una obligación y el peligro está precisamente en que algunos interpreten que el acceso al agua es gratuito, si no se entiende que es una tarea de todos y no simplemente de gobiernos.

En Bolivia nuestro comportamiento con este recurso demuestra que muchos creen que es regalado. El uso de agua en hogares, industrias y agropecuaria es dispendiosa e irresponsable. La contaminación de acuíferos, lagunas y cuencas se debe más a la negligencia de los pobladores que a la inacción de los gobiernos.

En el caso de la agropecuaria por ejemplo, si hay algo que la caracteriza en nuestro país es el derroche del agua y el suelo. El sector occidental por carecer de recursos y el área oriental por abundancia de tierras, han provocado un deterioro casi irreversible de suelos al no reponer nutrientes ni practicar la rotación de cultivos y al desparramar ineficientemente el agua de riego más para erosionar que para humedecer.

Cuando en el país se proyectan y se construyen sistemas de riego, están referidos a asegurar y almacenar fuentes de agua, pero no a perfeccionar una adecuada distribución. En general, las pocas represas construidas son usadas para desperdiciar el agua captada vertiendo excesivos volúmenes que arrastran las capas fértiles del suelo. Ni siquiera los cultivos que exigen alta inversión, como el de cepas seleccionadas de vid, cuentan con riego tecnificado que permita el uso cuantificado del agua. Cultivos de exportación como el sésamo pierden gran parte de la cosecha por no invertir en riego.

En el Chaco, al sur de Villazón, la cooperación china donó en los años 90 recursos para la perforación de pozos semisurgentes. Se perforaron más de veinte pozos de más de 150 m de profundidad distribuidos en una vasta superficie. Se instalaron bombas sumergibles accionadas por enormes generadores accionados a diesel. El agua obtenida con semejante esfuerzo fue botada durante varios meses a abrevaderos de ganado mal construidos y peor mantenidos. El uso humano fue casi irrelevante porque nunca se construyeron reservorios y sistemas adecuados de distribución. Todo el derroche funcionó hasta que se deterioraron los generadores por falta de mantenimiento. Hoy se ven todavía esos fierros inservibles, monumentos a la desidia. Pero en cada sequía los pobladores se lamentan y exigen atención y los gobiernos de turno reinciden en la dilapidación.

También hay ejemplos urbanos: en algunos lugares de la ciudad de Santa Cruz existen vertientes que forman lagunas de agua desaprovechada encharcando plazas y calles.

Para esgrimir nuestro derecho al agua deberíamos primero demostrar con acciones concretas que cumplimos con la obligación de valorarla.

MERCADO DE CARBONO. ¿COMPRANDO INDULGENCIAS?

El rechazo del gobierno boliviano a participar del mercado de los bonos de carbono suena para muchos como un nuevo desafío solitario que conduce simplemente a perder más oportunidades en el mercado internacional.

Sin embargo, como en otras ocasiones, estas propuestas que hace el gobierno en los foros del mundo, son planteamientos de diversas ONG’s ambientalistas e investigadores socioeconomistas que cuestionan los mecanismos de mercado con renovado empuje desde la caída del sistema financiero. En realidad la posición del gobierno en este tema no es nueva. Ya en diciembre del año pasado en la 14ª. Conferencia del Cambio Climático en Polonia afirmó que el cambio climático se ha convertido en un negocio para los agentes financieros y las grandes corporaciones. No por esto han dejado de funcionar los programas de Reducción de Emisiones de Carbono, el Plan de Acción Climática Noel Kempf ni las normas de Certificación Forestal.

Para el físico brasilero Luiz Carlos Molion el interés de las empresas y gobiernos está en entrar en ese mercado para ganar dinero y no para la preservación del medio ambiente. Lo mismo opina el investigador de la Fundación sueca Dag Hammarskjold y autor del libro “Carbon Trading”, Larry Lohmann, para quien el Protocolo de Kyoto y el comercio de carbono en él previsto no significan grandes alteraciones para el escenario mundial de emisiones de gases de efecto invernadero. Lohmann considera que “se trata de un mecanismo de mercado, poco práctico y nada efectivo, que promueve el comercio del derecho a polucionar y que acaba funcionando de manera perversa al drenar las atenciones a soluciones más radicales y efectivas”.

El famoso profesor polaco naturalizado francés “ecosocioeconomista” Ignacy Sachs hace un paralelismo de la inversión en créditos de carbono con la compra de indulgencias en el siglo XVII a la Iglesia Católica, con las que los ciudadanos ricos adquirían libertad para pecar. Este mecanismo de comprar el derecho a polucionar desvaloriza el principio de “polucionador – pagador” para dar lugar al precepto de que “quien poluciona, gana”.

En una realidad que demuestra que no existe preocupación por el medio ambiente ni con el futuro de la humanidad al haber transformado el cambio climático en un comercio, en una nueva bolsa en la que existen empresas dispuestas a invertir millones de dólares en créditos de carbono con la intención de venderlos posteriormente, la búsqueda de estrategias que realmente mitiguen la emisión de gases de efecto invernadero es un desafío. Los investigadores progresistas proponen aplicar una regulación dura, que sancione y controle a la industria poluyente; plantean que los gobiernos de los países industrializados transfieran subsidios de los combustibles fósiles a la energía renovable, emprendan inversiones públicas grandiosas en eficiencia energética y transporte y apliquen la regulación convencional y las multas de manera más radical.