Si para el
gobierno fuera importante la soberanía alimentaria, haría lo mismo que hace
para consolidar la soberanía marítima: llamar a la mejor gente. Pero ningún
directivo de las entidades que rigen la soberanía y seguridad alimentaria ha
sido elegido por concurso de méritos. Prevalece la secular politización del
sector que lleva a productores agropecuarios y forestales a una permanente frustración
y escepticismo, sobreviviendo como pueden. Pasó lo mismo después de la Reforma
Agraria provocando que en su abandono el agricultor se refugie en el comercio, que
está ahora totalmente arraigado en detrimento de la producción nacional.
Por eso lo
que hoy exporta nuestro país es lo mismo de siempre: hidrocarburos y minerales que
representan el 83% de sus ingresos, y es capaz de vender a la Madre Tierra con
tal de defender su adicción a este vicio. La pretensión del 2007 de cambiar la
matriz productiva a través del Plan Nacional de Desarrollo es hoy una quimera
burlesca. El amague de acercamiento al sector a través de la cumbre
agropecuaria fue motivado por el descenso de los precios de las exportaciones tradicionales
no renovables y no por un análisis serio de lo que no funciona para cambiar el
molde y convertir en tradicionales a los productos renovables.
Las poses
demagógicas han ocasionado que hasta ahora los avances sociales hayan quedado a
medio camino; ya no importan los pueblos indígenas ni sus TCO’s como reservas
de biodiversidad, porque ahora son lo que eran antes: tribus desarrapadas semisalvajes
a las que hay que dotar de asfalto y cemento violando sus territorios, al mismo
estilo extractivista de cualquier gobierno “neoliberal”.
El
tratamiento del sector forestal es un claro reflejo de una política errante que
al iniciar su gestión emprendió con gran entusiasmo y pompa la revisión de la
ley forestal. Hoy se utiliza la misma del siglo pasado y al sector se lo
excluye de foros, cumbres y planes, marcando un retroceso que se inicia en el
cuoteo político de sus autoridades.
Al inicio del
cambio se hicieron reformas trascendentales en la gobernanza de bosques, cuyos
gestores son ahora en su mayoría comunidades indígenas. Pero la política forestal
divagante que por un lado difunde que la producción maderable es destruir el
bosque y por otro se abre a la ampliación de la frontera agrícola, las está
perpetuando en la pobreza, desaprovechando la gran oportunidad de reconciliar
la conservación con el desarrollo a través del manejo forestal comunitario.
Y en
aplicación de la vieja escuela mercantilista, se pretende demostrar la
inviabilidad económica del sector forestal maderable y no maderable comparando
su rendimiento económico con los de actividades agropecuarias, excluyendo de los
cálculos a los enormes servicios ambientales que brinda el bosque en la captura
de carbono, la protección de cuencas y fuentes de agua y la regulación del
clima. No interesa que la ciencia haya demostrado que al destruir los sistemas
de regulación del clima estamos aniquilando toda posibilidad futura de
producción alimentaria; no importa que demuestre que las ecuaciones están mal
hechas si no incluimos el valor económico de los servicios ambientales, no incumbe
el futuro sino la acumulación irracional de hoy. Por eso la soberanía y
seguridad alimentaria significan muy poco y se excluye de ellas a la mejor
gente, para reemplazarla por inefables difusores de ideología que con sus
peroratas exaltadas oscurecen la ciencia y tergiversan los números.
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