A diferencia
de países vecinos, Bolivia nunca pudo desarrollar adecuadamente una entidad de
investigación y extensión agropecuaria y forestal para acompañar al productor
con tecnologías de producción. Fue la cooperación internacional la que
introdujo la primera etapa de un modelo basado en investigación y extensión –
al sobrevenir una crisis alimentaria después de la guerra del Chaco – con el
Servicio Agrícola Interamericano, SAI (1948-1975), que estableció estaciones
experimentales en el altiplano, valles y oriente.
Este primer
intento fue el único basado en la ciencia porque posteriormente se impuso – con
cortos períodos de verdadera investigación - el clientelismo y manejo político
de la extensión agropecuaria a través de entidades de diversos nombres según el
gobernante de turno: Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria, IBTA
(1975-1997); Sistema Boliviano de Tecnología Agropecuaria, SIBTA (2000–2007) y
el actual Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal, INIAF
creado el 2008.
La situación
fue un poco diferente en el departamento de Santa Cruz porque la cooperación
internacional pudo mantener una entidad de investigación y extensión
agropecuaria durante 40 años al iniciar en 1976 el Centro de Investigación
Agrícola Tropical (CIAT). Este factor positivo tuvo además la influencia de distintas
corrientes migratorias de colonos extranjeros y nacionales que innovaron e
improvisaron diversas tecnologías, contribuyendo al desarrollo agropecuario
local. Sin embargo, en la actualidad este aporte ya no está debidamente
acompañado por el CIAT cuyas autoridades departamentales repiten todos los
vicios de las entidades del Estado, empezando por no priorizar su institucionalización.
Ante esta
situación, los productores agropecuarios y forestales del país de tierras bajas
y altas trabajan en absoluta orfandad, desconfiando de todo acercamiento de las
entidades de investigación. Pero hoy más que nunca es necesario apuntalar la
seguridad y la soberanía alimentaria con la innovación tecnológica para
enfrentar el cambio climático, revertir la dependencia de recursos no
renovables y recuperar la vocación agropecuaria y/o forestal de los municipios.
Para esto es urgente reclamar al Estado que cumpla con su obligación, aprovechando
las leyes que dictó el gobierno cuando era de cambio, como el Plan Nacional de Desarrollo,
Decreto Supremo del 2007 orientado a la transformación y diversificación de la
matriz productiva que crea los Consejos Departamentales de Innovación
Agropecuaria y Forestal como instancias legales de seguimiento a todas las
entidades de investigación del llamado Sistema Boliviano de Innovación que
forma parte del Viceministerio de Ciencia y Tecnología.
Las organizaciones de
productores agropecuarios y forestales deben fortalecerse con una visión
consensuada hacia objetivos concretos de producción en su entorno particular
para ejercer un rol de reclamo permanente a través de los CDI’s y los instrumentos
que da la ley 341 de participación y control social. Estos mecanismos legales deben dinamizarse con carácter de urgencia,
antes de que el manoseo político acabe de desmantelar lo poco que queda de laboratorios,
bancos de germoplasma, certificación de semilla y todo el acervo tecnológico
aportado por fundaciones, ONG’s y centros de estudios que priorizan la ciencia
sobre la ideología.
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