ENTRE COCA Y NICOTINA

Cada seis horas muere un fumador. Un mascador de coca debe morir más o menos cada seis años, no hay datos disponibles. Lo cierto es que en el tiempo necesario para que muera un mascador de coca mueren cientos de miles de fumadores. Pero la Convención de Estupefacientes de 1961 prohíbe mascar coca, no fumar.

La prohibición intenta reducir el número de mascadores de coca para que disminuya la producción de cocaína. O sea que no está dirigida propiamente a los mascadores de la hoja sino a evitar la propagación del cultivo del que se extrae el estupefaciente. La razón fundamental para prohibir este alcaloide radica en la protección de la salud pública. Pero si la salud pública es tan importante, ¿no sería lógico prohibir también la nicotina?.

En el mundo mueren cada año más de siete millones de personas por su adicción a la nicotina, una cifra casi equivalente a toda la población nacional. A ésto debemos añadir la muerte anual de más de medio millón de personas que no fuman pero conviven con fumadores. Como si esto no fuera suficiente para catalogar a la nicotina como una espantosa amenaza para la salud pública, enfrentamos la triste realidad de que la industria tabacalera induce a la adicción a personas sin criterio formado. El hábito se lo adquiere en la adolescencia; son muy pocas las personas que aprenden a fumar en la mayoría de edad. Por lo tanto la nicotina tiene además un agravante de inmoralidad al basar su distribución en la perversión de menores.

En aras de la justicia o se prohíbe todo o no se prohíbe nada. El mundo tiene ya muchas experiencias que le enseñan que prohibir es contraproducente. La masticación de hojas de coca seguirá creciendo en Bolivia y en países andinos y vecinos con o sin autorización de la Organización de Naciones Unidas, de la misma manera que no dejaría de haber fumadores si se prohibiera la nicotina. Es de inadaptados e ingenuos prohibir lo que no se puede controlar.

Por eso, siendo prácticos y dada la gran proliferación de otros adictivos dañinos a la salud en el diario vivir, como la cafeína de energizantes y cafés, la teína de la yerba mate, la teobromina del cacao, etc., despenalizar la masticación de coca nos permitiría perfeccionar su situación jurídica para incluirla entre los productos que tienen un gravamen impositivo especial, como la nicotina, el alcohol y el café, para recaudar más recursos que se destinen al desarrollo de la inteligencia emocional en niños y adolescentes y a otras alternativas que nos ayuden a reducir el triste desamparo que los lleva a automedicarse.

Apresurarse a vetar la despenalización de la hoja de coca es tan apasionado como andar diciendo que alimenta y es buena para todo. A pesar del país que lidera el veto a la despenalización, que es el mismo que alberga y protege a la gran industria tabacalera, los países andinos debemos admitir que la hoja de coca es parte de nuestra identidad y nuestra historia. Sólo quien acepta y reconoce su identidad es capaz de defender su dignidad.

CUBA, LA GRAN FALACIA

La Organización de Naciones Unidas condenó por decimonovena vez y por amplia mayoría el embargo económico y comercial que hace cincuenta años decretó E.U. contra Cuba. Un bloqueo inhumano que impide el intercambio económico y comercial y priva a un pueblo inocente de acceso a productos alimentarios, medicamentos y equipos médicos.

Que un país funcione bajo el aislamiento económico de la principal potencia económica mundial es una prueba de persistencia. Técnicamente es inaceptable sostener que bajo semejante presión pueda aplicar una doctrina política y económica. Por eso Cuba no es una referencia del socialismo ni del comunismo, sino de la solidaridad del mundo. Los daños directos de este embargo, “una pieza de museo de la Guerra Fría”, se calculan en más de 500 billones de dólares. Durante varios años pudo sobrevivir gracias a la protección de la extinta Unión Soviética y hoy existe por un retraimiento (mal llamado comunismo) que despierta la fraternidad de algunos países e instituciones.

Este boicot absurdo y éticamente indefendible es una prueba más de la doble moral de E.U. y de quienes pregonan la libertad y la democracia condenando ingenuamente al sistema comunista, como si en una condición tan especial fuera factible aplicar alguna doctrina, en vez de censurar esta política de ostracismo.

El embargo es también una pieza propagandística clave para el régimen de los Castro. Ha servido para justificar las deplorables condiciones de vida del pueblo cubano con el que se solidarizan informalmente organizaciones y países, ayudando al régimen a concentrar poder y aumentando su popularidad entre los ciudadanos de la isla.

La misma Secretaría de Estado de E.U. ha reconocido que el régimen de los Castro se sostiene gracias al embargo, lo que convierte a los que mantienen el bloqueo – y a todos los paladines de la libertad y la democracia que no se manifiestan contra él – en cómplices del régimen. Si con tanto dramatismo se defiende la democracia ¿por qué no se levanta el embargo para que caiga el régimen antidemocrático? Porque es políticamente inadmisible contrariar a la influyente y poderosa comunidad cubano norteamericana. Y porque antes que defender la libertad, la democracia y la verdad muchos prefieren velar por los intereses del país que, hasta ahora, domina el mundo.

La conducta de E.U. ante Cuba contrasta notablemente con la que demuestra ante China, el país que mayores violaciones a los derechos humanos detenta en el mundo. La democracia y la libertad pasan a segundo plano cuando se trata de buenos negocios. Los adulones libertarios reclaman democracia a un pequeño país pobre pero no utilizan la misma vehemencia con la poderosa China.

Por eso Cuba es la muestra de una gran falacia, una falsedad más de las que difunden por el mundo países dominantes a través de algunos grandes medios que tratan de convertir la historia oficial en historia popular. Y lo patético es que recluten tantos ingenuos que confunden la relativa decencia de la democracia norteamericana dentro de su territorio con su conducta ante el mundo, plagada de atropellos que ponen en riesgo la paz universal.

Abusos como el embargo a Cuba y un permanente comportamiento dual son el origen del surgimiento de líderes antiimperialistas, que se aprovechan de estas injusticias para cometer excesos, y de cada vez más contestatarios. El bloqueo es una arbitrariedad que ha reivindicado a los Castro como símbolo de la resistencia del desarrapado ante el poderoso.

El nombre del Departamento del Río Beni

Como ha sido señalado por varios historiadores, el Departamento del Beni lleva su nombre en honor al caudaloso río Beni (que significa viento en lengua tacana), que dividía en dos la gran extensión de norte y sur (cuando comprendía también lo que hoy es el norte del departamento de La Paz). O sea que ciñéndonos a lo estricto deberíamos mencionar al río al nombrar al departamento. Para evitar esta extensión y siguiendo el uso de otros nombres de ríos y regiones asignados a territorios definidos, como por ejemplo Paraguay y Perú, en vez de decir departamento del Río Beni, decimos del Beni en alusión al río. Tal como decimos República del Paraguay (que toma su nombre del río Paraguay) o República del Perú (la región al sur de Panamá). Por lo tanto, no es correcto eliminar la contracción de preposición y artículo (del) al nombre del departamento, como ahora pretenden quienes se apegan a una generalización de los nombres de nuestros departamentos.

El decreto de creación del Departamento del Beni (18 de Noviembre de 1842) dice textualmente: "Se erige un nuevo Departamento de la República, compuesto de las provincias Mojos, Caupolicán y Yuracarés, que se denominará: Departamento del Beni”; no dice departamento de Beni.

Conviene recordar lo que ha sido expuesto en exposiciones congresales, memorias y foros para entender las razones por las que el gobierno de José Ballivián (1841-1847) asignó este nombre al departamento, en vez de llamarlo Mojos, como era previsible para una región cuyo sentido de pertenencia estaba centrado en la tradición jesuita mojeña. En aquella época el plan general gubernamental de desarrollo estaba basado en cuatro regiones, “una de éstas comprendía el oriente y se esperaba que a través de esta región fluyera el intercambio comercial con Europa por la vía Amazonas-Atlántico. Por eso, la denominación del nuevo departamento se supeditó al término que refería un río y no al de una cultura tradicional autóctona, Mojos” (Groff Greever, 1987:25, citado en Gamarra, 1992). Es decir que la importancia del río es la base del nombre y al omitir la contracción de preposición y artículo (del) al nombre del departamento, estamos eliminando la alusión a esta vía fluvial.

Existen algunos elementos que llevan a la confusión de generalizar la omisión del artículo. Es evidente por ejemplo, que al hacer una lista de departamentos no se lo incluye (por ejemplo decimos: Oruro, Cochabamba, Beni, Santa Cruz etc.), pero esto no quiere decir que al referirse a la pertenencia concreta al departamento se omita este artículo. Debemos entonces decir por ejemplo, el gobernador del Beni y no el gobernador de Beni. Es también evidente que en un mapa el nombre del Beni no aparece con el artículo (aunque en mapas antiguos sí aparecía la región como El Beni), pero esto tampoco da licencia para eliminarlo de todo lo demás. Y menos de quitarlo de nombres propios como Universidad Autónoma del Beni o La Palabra del Beni o Primero el Beni, como ya algunos pretender hacer.

Mantener el uso habitual del nombre del departamento del Beni es conservar un uso tradicional del lenguaje y es una forma de evitar el sutil avasallamiento que sufre la identidad beniana a través de influencias ajenas a la región.

Agua: cumplir obligaciones para que el derecho se haga realidad

Resulta extraño que el acceso al agua y al saneamiento, algo tan elemental para la vida, tenga que ser reconocido en una resolución de la Organización de las Naciones Unidas como un derecho humano. Tener que oficializar en el papel este derecho es un resultado de la escasa noción universal de las obligaciones que tiene el ser humano para preservar el agua. Se norma el derecho para que cuidar el recurso sea una obligación y el peligro está precisamente en que algunos interpreten que el acceso al agua es gratuito, si no se entiende que es una tarea de todos y no simplemente de gobiernos.

En Bolivia nuestro comportamiento con este recurso demuestra que muchos creen que es regalado. El uso de agua en hogares, industrias y agropecuaria es dispendiosa e irresponsable. La contaminación de acuíferos, lagunas y cuencas se debe más a la negligencia de los pobladores que a la inacción de los gobiernos.

En el caso de la agropecuaria por ejemplo, si hay algo que la caracteriza en nuestro país es el derroche del agua y el suelo. El sector occidental por carecer de recursos y el área oriental por abundancia de tierras, han provocado un deterioro casi irreversible de suelos al no reponer nutrientes ni practicar la rotación de cultivos y al desparramar ineficientemente el agua de riego más para erosionar que para humedecer.

Cuando en el país se proyectan y se construyen sistemas de riego, están referidos a asegurar y almacenar fuentes de agua, pero no a perfeccionar una adecuada distribución. En general, las pocas represas construidas son usadas para desperdiciar el agua captada vertiendo excesivos volúmenes que arrastran las capas fértiles del suelo. Ni siquiera los cultivos que exigen alta inversión, como el de cepas seleccionadas de vid, cuentan con riego tecnificado que permita el uso cuantificado del agua. Cultivos de exportación como el sésamo pierden gran parte de la cosecha por no invertir en riego.

En el Chaco, al sur de Villazón, la cooperación china donó en los años 90 recursos para la perforación de pozos semisurgentes. Se perforaron más de veinte pozos de más de 150 m de profundidad distribuidos en una vasta superficie. Se instalaron bombas sumergibles accionadas por enormes generadores accionados a diesel. El agua obtenida con semejante esfuerzo fue botada durante varios meses a abrevaderos de ganado mal construidos y peor mantenidos. El uso humano fue casi irrelevante porque nunca se construyeron reservorios y sistemas adecuados de distribución. Todo el derroche funcionó hasta que se deterioraron los generadores por falta de mantenimiento. Hoy se ven todavía esos fierros inservibles, monumentos a la desidia. Pero en cada sequía los pobladores se lamentan y exigen atención y los gobiernos de turno reinciden en la dilapidación.

También hay ejemplos urbanos: en algunos lugares de la ciudad de Santa Cruz existen vertientes que forman lagunas de agua desaprovechada encharcando plazas y calles.

Para esgrimir nuestro derecho al agua deberíamos primero demostrar con acciones concretas que cumplimos con la obligación de valorarla.

LA ERA DEL CAMBIO SOCIAL

Desde el restablecimiento de la democracia en 1984, Bolivia vive un proceso que algunos no perciben y otros no reconocen. Estas posiciones derrotistas difunden que es un país en el que nada cambia o que es un Estado inmanejable destinado al fracaso. El error común es creer que debe seguir el paradigma de algunas de las repúblicas del vecindario, como si en ellas se diera el caso boliviano en el que media población nace hablando idiomas ajenos a la tradición cultural grecorromana.

A principios de los años 80 la incertidumbre política en Bolivia era más que dramática. Durante los últimos 20 años había vivido una sucesión de regímenes militares de amplio tinte político; todos eran “revolucionarios” fundadores de la patria. Fueron días aciagos cargados de desesperanza y desaliento. Hoy es posible tratar de imaginar esa zozobra a través de las hemerotecas; recordar lo que realmente era vivir en un país sin rumbo.

Bolivia entró en democracia con titubeos y temores. La política fue desordenada y confusa acicateada por los agoreros del desastre. Pero la democracia se mantuvo y se fue consolidando hasta superar la era del cambio político con reglas claras en cuanto a gobernabilidad y sucesión del poder. Hoy hemos alcanzado hitos inimaginables entonces, como la elección de gobernadores en cada departamento.

Pero la improvisación y las recetas de economistas noveles visionarios, nos llevaron a un tremendo y jamás vivido caos económico. El déficit fiscal alcanzó casi al 20 % del PIB, las reservas fiscales pasaron a cifras negativas, el desempleo y subempleo rompieron los índices de ascenso, la desvalorización de la moneda llegó a más del 2.000 %. También esto es posible revivir en las hemerotecas; es para no creer y para pasar de la risa al llanto sucesivamente. “Bolivia se nos muere”, fue la famosa frase de entonces. Y lentamente, dolorosamente, Bolivia tuvo que enfrentar muchos cambios que dispersaron familias y cambiaron oficios hasta que pudo controlar su macroeconomía para alejar los fantasmas del caos económico y monetario. El país superó la era del cambio económico.

Pero estos avances no son suficientes en un país difícil de administrar porque está entre los que algunos economistas enmarcan como “nación de población chica y heterogénea”. Sin un cambio social que permita reconocer la heterogeneidad cultural y crear mecanismos para insertarla en una nueva forma de administración, los avances en lo político y en lo económico carecerán de efecto y el verdadero progreso como nación estará postergado como está en otros países, con grupos culturales masivos excluidos, que se jactan de desarrollo.

Bolivia entró sutilmente en la era del cambio social a partir del proceso de la participación popular y sus avances hoy son incuestionables a través de una nueva constitución. Es una etapa tan fundamental y difícil que en sus peores momentos creeremos retroceder, peor aún si somos víctimas de quienes defienden intereses mezquinos haciendo lo posible por desinformar y por difundir verdades a medias. Cambiar es un proceso arduo lleno de contradicciones y de frustraciones que no deben llevarnos al desaliento. Una renovada mentalidad debe consolidar y mejorar los avances positivos del país tratando de entender el proceso y evitando perder la objetividad por dramas circunstanciales.

LA QUIMERA DEL SIGLO

(Este artículo fue publicado en el periódico La Razón de La Paz hace 13 años, el 27 de Abril de 1996; se refería al siglo XX. En el siglo actual la quimera de la lucha contra el narcotráfico continúa ocasionando grandes estragos sin que hayamos cambiado nada, tal como no es necesario cambiar nada al artículo).

Para el negocio del narcotráfico es fundamental difundir una sólida prohibición al consumo de drogas. Su enorme rendimiento económico está directamente relacionado con la penalización al consumo y a la producción de materias primas. A medida que se refuerzan los sistemas de interdicción y de persecución a los fabricantes, se encarece el producto haciendo su comercialización más lucrativa y por lo tanto más atrayente. La lucha contra el narcotráfico es la quimera del siglo por su efecto multiplicador contraproducente, que ha conducido a una abrumadora expansión del comercio de estupefacientes. Se nutre de la prohibición, que además fomenta el consumo. Enormes y múltiples intereses condenan el consumo de drogas porque prohibirlas es la base fundamental de su negocio.

Pero el consumo de drogas psicoactivas no siempre estuvo prohibido ni su uso es algo exclusivo de nuestro tiempo, como mucha gente tiende a creer. El proceso de prohibición está muy ligado al de expansión de la hegemonía de EE.UU. a principios del presente siglo. En aquellos años sus próceres moralistas eran unánimes en el convencimiento de que América debía “redimir“ al mundo. Para el imperio naciente, “la cruzada civilizadora internacional contra bebidas y drogas” fue el argumento para negociar los intereses de sus inversiones en otros países. Después de la Guerra Fría, la lucha contra el narcotráfico se vuelve a fortalecer como excusa para intervenir en países en desarrollo.

En EE.UU. la popularización del consumo de cocaína en particular fue relativamente lenta. La gran escalada de consumo estuvo muy relacionada con el fortalecimiento de su prohibición y se dio a partir de los años 60, cuando se estimaba que existían 10.000 usuarios, hasta alcanzar los 25 millones de cocainómanos actuales. Estas y todas las cifras señalan que la lucha contra el narcotráfico no conduce a la disminución de adictos.

Al analizar las posibles consecuencias de la liberalización del consumo de drogas, se suelen confundir los efectos de la drogadicción con los del narcotráfico. La sociedad es reticente a levantar la prohibición del consumo de drogas por los efectos devastadores de su uso en los adictos, sin compararlos con los enormes daños que ocasiona el narcotráfico. La triste imagen de vidas destruidas por la adicción a las drogas no deja ver claramente que es precisamente la prohibición al uso de drogas la que ocasiona la tragedia. El narcotráfico es una organización de ofertantes ávida por crear demanda al estar enormemente motivada por cuantiosos rendimientos económicos debidos a la prohibición. Sus intereses procuran confundir a la sociedad.

En nuestro medio contamos con numerosos y valiosos estudios que analizan la drogadicción y el narcotráfico; sin embargo, como se afirma en uno de ellos, la “toma de conciencia” sobre lo que significa el narcotráfico para un país como el nuestro, es muy lenta. Bolivia es una nación que además de compartir con el mundo la tragedia de la drogadicción, está gravemente amenazada por el narcotráfico. No sólo por su acción directa que reduce nuestra posibilidades de desarrollo productivo, propaga la corrupción en todos los niveles, aumenta la delincuencia y alienta el consumo de cocaína, sino porque la lucha para su erradicación es el gran pretexto para avasallar nuestra soberanía y nuestros derechos humanos amedrentándonos constantemente con “descerificaciones” e intervenciones militares. El narcotráfico aprovecha nuestra secular pobreza rural para mimetizarse entre la desesperación de nuestro campesinado difundiendo de él una imagen falsa de “traficante codicioso adicto al trabajo fácil”. Por todo esto el narcotráfico es para Bolivia una tragedia mucho más grave que para otros países. Deberá ser, por lo tanto, la nación más interesada en erradicarlo. Y para ello ya no podemos someternos a las falsas poses moralistas de países consumidores que no asumen su verdadera responsabilidad. Nos urge iniciar una cruzada para combatir el narcotráfico destruyendo el elemento que lo nutre: la prohibición al consumo de drogas.

Está claro que será muy difícil para nosotros abogar por abolir en el mundo entero la penalización al consumo de drogas para terminar con la farsa quimérica, pero por lo menos no exhibamos nuestra ingenuidad con poses de prohibición que fomentan el consumo y favorecen a narcotraficantes y a los que se benefician de ellos.

OMISIONES QUE CAMBIAN LA PRONUNCIACIÓN

La omisión de acentos en nuestro idioma ha sido desde mucho tiempo atrás el origen de graves confusiones en la pronunciación de nombres de ciudades, lugares, plantas, árboles, etc. Es una distorsión que se origina en la antigua costumbre – hoy oficialmente modificada – de permitir que las mayúsculas no lleven acento.

Este hecho es particularmente grave en un país como el nuestro, en el que la región oriental adopta muchos nombres nativos para regiones, plantas, árboles y frutos. Las lenguas nativas originadas en un tronco común, acentúan con especial énfasis las vocales. Por eso nuestros frutos más comunes como el achachairú, el tarumá, el ocoró, suenan totalmente distintos si no llevan acento; en algunos casos resulta incluso difícil entender a qué se refiere una pronunciación desacentuada.

Todo esto puede ser trivial para algunas personas que por su actividad sólo se encuentran ocasionalmente con la necesidad de pronunciar con propiedad. Pero para quienes están en contacto con el comercio forestal (paquió, ochoó, curupaú), con la extensión agropecuaria o con comunidades nativas del oriente, es fundamental darle importancia a la acentuación, especialmente a la hora de escribir transacciones comerciales o informes de experiencias. Y mucho más si se trata de reporteros e informadores que al ser los que más se dirigen al gran público se toman licencias que nadie corrige. Una de ellas es la de no acentuar Amazonía, desviación nacida de la influencia de la palabra en portugués que se pronuncia de otra manera.

De estas distorsiones nacen controversias como la de acentuar o no Chiquitanía. Lo más probable es que la palabra sea con acento, pero dada la manía de algunos informadores de no acentuar debidamente nuestros nombres originarios, se va difundiendo la duda. Dudas como ésta, al propagarse sin que nadie las corrija, sientan derecho y se vuelven tan universales como lo ocurrido con el río Piraí: en muchos diccionarios del mundo no sólo no acentúan la “i” sino que la cambiaron por i griega. Por eso para muchos visitantes es ahora el Río Piray.

Pero una de las omisiones actuales más preocupantes es la de los pronombres de países y regiones. Muchos salvadoreños reclamarían si oyen decir que son de Salvador y no de El Salvador (con pronombre que enfatiza, al referirse a Jesucristo, que no es un salvador, sino que es el – único – salvador). Y con pronombres están el Perú, el Uruguay, el Paraguay...y – por supuesto – el Beni. Si bien el caso peruano utiliza indistintamente el nombre del país con o sin artículo, esto es menos frecuente en el caso del Uruguay cuyo nombre se origina en el río Uruguay de la misma manera que el nombre del Paraguay. El departamento del Beni tomó su nombre del río Beni y debe respetarse su forma correcta con pronombre. Lo demás son licencias sin fundamento no aceptadas ni por el uso ni por la Academia Nacional de la Lengua.