Salvando distancias, la crisis de la deuda de Europa y Estados Unidos podría ser comparada con la de 1929 cuando el desplome de bolsas ocasionó un cataclismo económico. En aquella época varios economistas trataron de explicar las razones que llevaron a semejante desmoronamiento y entre ellos se destacó una agrupación de Alemania que plantea básicamente que los grupos de poder son los que distorsionan la libertad del mercado al priorizar sus privilegios antes que los de la comunidad y que estas alteraciones deben ser corregidas por el Estado. Sus teorías fueron aplicadas en la reconstrucción de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial.
Hoy este lenguaje suena conocido si consideramos que los destinos de Portugal, Grecia o España lo definen los bancos y no los Estados. Cuando el Estado es avasallado por intereses de grupo acaba asumiendo compromisos insostenibles, “se privatizan la ganancias y se socializan las pérdidas”.
Muchos insistirán en pesadas explicaciones diciendo que la crisis de la deuda “se desprende de mecanismos complejos cuya comprensión exige saber manejar con destreza las innovaciones permanentes de la ingeniería financiera”, pero para no seguirle el juego a la cofradía de los que dicen que entienden, que suelen ser los que se benefician, simplemente es cuestión de analizar los orígenes de la crisis del 2008 y su secuela actual.
Ese año, las “hipotecas basura” de E.U. dieron origen al descontrol, un reparto de préstamos hipotecarios sin respaldo real que socavaron la capacidad financiera de los bancos. Esto desencadenó otras debacles como la gran estafa de Madoff, el financista norteamericano que en la nación con el Estado más controlador del mundo pudo cometer un fraude de 50.000 millones de dólares, suma que equivale a multiplicar por cinco el monto de la estafa que ya había hecho Enron. De esta larga lista de desfalcos tuvo que hacerse cargo el Estado emitiendo bonos.
Para que esto ocurra hay muchas razones, pero el motivo de fondo es la deficiente gestión de los sistemas reguladores del Estado; imperfecciones en los controles que un Estado estricto debe ejecutar para impedir su avasallamiento por grupos de poder y que algunos “inversionistas” consideran atentatorios al libre mercado.
La esencia de la crisis europea tiene el mismo origen que la norteamericana en cuanto a la debilidad de los Estados, mucho más siendo una región de mercado común en la que cada país tiene políticas fiscales propias incapaces de controlar la hegemonía del capital privado.
Pero lo que ya resulta intolerable es que los grupos patronales y los defensores a ultranza del libre mercado quieran hacer creer a la opinión pública - con el tradicional apoyo mediático - que la razón de la crisis actual está en las políticas sociales del Estado por mejorar las condiciones de vida de la población. Este descaro enardece al gran público que a través de las redes sociales estalla en indignaciones masivas y en vandalismos inéditos.
En países subdesarrollados en general y en América Latina en particular, Estado es sinónimo de gobierno y muchos grupos están más interesados en atraer inversiones extranjeras y en reclamar mercado libre antes que en consolidar una entidad que vele por la comunidad. La verdadera doctrina política de hoy debería ser la de vigorizar el proceso de institucionalización plena del Estado, algo difícil de entender para nosotros, habituados a cometer arbitrariedades y a entrar en pánico cuando se habla de socializar responsabilidades. No por casualidad nuestros países ostentan la mayor desigualdad entre ricos y pobres. Y no por casualidad el país hoy menos afectado por la crisis de la deuda europea es Alemania, donde se aplicó mejor la lección que enseña que no hay mercado libre sin Estado estricto.
