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jueves, 22 de mayo de 2014

FOMENTANDO CIUDADES VERDES

Como en muchos países del mundo, en Bolivia somos cada vez más urbanos. Se estima que hasta el año 2025 sólo un 25% de nuestra población permanecerá en áreas rurales. Ante esto el gran desafío del desarrollo rural es tratar de contener a la población migrante procurando que haya cada vez más oportunidades en su lugar de origen para evitar su traslado a las urbes. Para el Estado es unas diez veces más costoso mantener a una familia en las grandes ciudades que en la zona rural. Las grandes urbes son además una fuente de graves problemas sociales por la disgregación familiar, la pérdida de identidad cultural y la adopción de vicios que llevan a la prostitución y a la delincuencia.

Una alternativa importante para esto es que se fortalezcan las ciudades intermedias. Pero tanto para estos centros de menor población como para las grandes ciudades, una gran oportunidad medioambiental y económica es la agricultura familiar cuya expansión nos permite crear una conciencia de fomento de ciudades verdes.

Hay estudios que sugieren que la biodiversidad urbana representa entre 8 a 25% de la que se encuentra en ambientes naturales. Nuestras grandes aglomeraciones son una maraña de concreto, asfalto e industrias contaminantes que llevan a pensar que son espacios inertes y sin embargo la vegetación y la vida animal se adaptan por sobrevivir. Fomentando ciudades verdes a través de parques y bosques y la expansión de prácticas agrícolas familiares en pequeña y mediana escala, podríamos apuntalar la sobrevivencia de fauna y flora, lo que llevaría a aumentar el número de especies y el bienestar de la vida humana en la urbe.  

A diferencia de los espacios públicos verdes la agricultura familiar representa un área vegetal productiva y en la medida en que se desarrolle es una alternativa para frenar la expansión del mercado de la construcción con las mismas reglas mercantilistas. Tal como ocurre con las zonas en las que las urbanizaciones tratan de invadir tierras fértiles, si la productividad agrícola es alta, el mercado paga buenos precios por la cosecha y hay un fomento municipal a su permanencia, la presión del asfalto puede ser atenuada con éxito.

En el año internacional de la agricultura familiar debemos despertar la conciencia de que se trata de una alternativa importante para frenar la inmisericorde expansión de la urbe sobre terrenos que otrora fueron vergeles. Todo ciudadano adulto recuerda con nostalgia el hermoso lechugal o la apacible arboleda que había donde hoy se impone un centro comercial o una enorme estación de servicio.

En Bolivia tenemos además la ventaja de contar con sociedades que desarrollaron por fuerza mayor una gran capacidad de emprendedurismo. No es casualidad que El Alto sea una de las diez ciudades verdes de Latinoamérica que produce hortalizas en huertos urbanos y sea también una de las ciudades con mayor emprendedurismo de la región. Además de los huertos en invernaderos, desde el aire se puede ver que muchos patios traseros de esta ciudad están cubiertos de cultivos de papa.


La expansión de la agricultura familiar dependerá de la capacidad de desarrollar un esfuerzo conjunto entre ciudadanos, municipios, políticas estatales de extensión agrícola y conciencia de lo mucho que significa una ciudad verde. Desde ya, podría crearse un premio al municipio que con los rendimientos económicos de la producción agrícola urbana frene efectivamente la expansión de asfalto y cemento.

miércoles, 29 de enero de 2014

LAS TRABAS AL DESARROLLO ECONÓMICO RURAL


En diversos foros se analizan periódicamente los factores que influyen en el desarrollo rural de los municipios del país. Desde que fortalecieron sus presupuestos a través del impuesto a los hidrocarburos y otros ingresos, la inversión pública en estos distritos se ha multiplicado significativamente pasando de 140 a 991 millones de dólares en los últimos seis años. Sin embargo, los montos promedio ejecutados no pasan del 60%, de los que menos del 5% se destina a inversiones productivas. Todo está prácticamente centralizado en obras de infraestructura, como se puede ver al recorrer poblaciones rurales en las que sobresalen coliseos, colegios, mercados, postas sanitarias, canchas de pasto sintético, rimbombantes edificios municipales y otras obras tan visibles como improductivas.


En los foros de análisis en los que participan autoridades municipales y productores, se enumeran diversos factores que impiden al municipio incluir mecanismos para transferir recursos a los actores económicos del desarrollo que son los pequeños productores. Pero en realidad lo preocupante es que la mayor parte de estos argumentos son sólo pretextos que revelan el problema fundamental: no hay voluntad política de las autoridades municipales para promocionar y fomentar la participación de las organizaciones de los pequeños productores en la planificación, ejecución y seguimiento de los planes de desarrollo.


Esta falta de voluntad política se expresa en el rechazo por parte de las organizaciones sociales territoriales a las asociaciones productivas, en una actitud alarmante y paradójica porque siendo las autoridades mismas parte de la comunidad y de sus asociaciones, no las reconocen como representantes legítimas del territorio y lo que es peor, se oponen a que entidades particulares logren beneficios.


Muchos líderes políticos municipales consideran que la prosperidad particular y familiar es contraria al progreso de la comunidad, convencimiento que defienden en acaloradas intervenciones en las que su fobia al beneficio particular los lleva a negar que las Organizaciones Económicas Campesinas sean entidades privadas. Estas contradicciones contribuyen al divorcio entre las políticas públicas para el desarrollo agropecuario y el desarrollo rural desde una visión territorial local y de negocio sostenible.


En los foros de análisis los líderes de productores, que muchas veces son vecinos y hasta parientes de las autoridades, son muy duros criticando el total desprecio del municipio por la producción, que en muchos casos da vida al pueblo. Y es que al final, como dicen ellos, todas esas escuelas, postas, canchas y mercados quedarán vacíos si no se consolida la producción en manos particulares.


Dado que las asociaciones de productores no son sujetos de transferencia de recursos públicos, muchas de ellas tienen poca legitimidad y reconocimiento ante las organizaciones sociales territoriales y más bien en muchos casos ambas están en conflicto, impidiendo el desarrollo de acuerdos y visiones comunes sobre desarrollo local.


Por todo esto los foros en los que se analizan los factores que impiden y retrasan el desarrollo económico rural deberían abocarse a revertir la esencia del problema que no es otro que la falta de voluntad política de las organizaciones sociales y de las autoridades municipales para apoyar la participación efectiva de las organizaciones de productores en la planificación municipal.