En la última reunión de la ONU para “un mundo sin drogas”, la entidad demostró una vez más su ambigüedad y sometimiento a países dominantes. Como en otros temas, la ONU desatiende datos reales y hasta al sentido común por alienarse con Estados Unidos y otros países cuyas sociedades se ahogan en droga, nicotina y alcohol, pero mantienen posiciones oficiales conservadoras.
En esta subordinación sorprende su gran diligencia para condenar la hoja de coca sin mencionar para nada los estragos que en el mundo ocasiona la nicotina, industria enorme creada y basada en Estados Unidos, cuya adicción se inicia entre personas sin criterio formado, adolescentes, y su consumo envenena el ambiente incluyendo a personas no adictas. Si la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 prohíbe mascar coca, ¿porque no prohíbe también consumir nicotina que mata a más de 7 millones de personas al año?
La ONU debería ser precisamente la entidad que le recuerde a países como Estados Unidos que no tiene ninguna autoridad para pretender liderar interdicciones a otras drogas siendo un país que reparte nicotina a los adolescentes del mundo. Como si eso fuera poco es además el país que alberga a más de cincuenta millones de adictos a diversas drogas. Esto significa que es un mercado fundamental para los carteles de la droga, para el tráfico de precursores y para el lavado de dinero. Sin centros multitudinarios de consumo que influyen en el tráfico de todo el mundo no ocurriría lo que los datos muestran: que el narcotráfico tiene más dinero que hace diez años y mueve un mercado de 300 billones de dólares al año.
Ante un panorama marcado por la hipocresía es natural que surja un contestatario mascando hoja de coca delante de todos y es comprensible que una entidad sometida como la ONU se haga la desentendida ante la necesidad de definir si se prohíbe todo o no se prohíbe nada. Pero que en el propio país de la hoja de coca haya gente que condene una actitud menos nociva que la de un fumador, es ya el colmo de la demostración de servilismo.
El narcotráfico sigue ganando la batalla y los principales responsables de eso son estas actitudes esbirras de entidades, países y personas que permanecen alienadas a la vieja cantaleta que defiende la guerra al tráfico basada en la represión, en contraste con los que proponen políticas de reducción de daños, de descriminalización completa del consumidor y del tratamiento de la dependencia química como una cuestión de salud pública.
Y una actitud tan inquisidora ante la hoja de coca es hasta sospechosa porque como ya alguien dijo: son precisamente los que prohíben el consumo los que avalan al narcotráfico. Si a eso añadimos el hecho palpable de que la política represiva muestra en los hechos una escalada armamentista que expande los problemas de la droga a lugares donde no existía, el negocio está completo. O sea que es cuestión de escandalizarse ante la droga para seguir expandiendo el negocio del narcotráfico y la venta de armas.
martes, 19 de mayo de 2009
martes, 29 de julio de 2008
Latifundio y minifundio
La agropecuaria de Bolivia es una de las más atrasadas de América Latina. Tanto en las regiones de oriente como de occidente, los rendimientos de los cultivos están por debajo de la media regional. En pecuaria, Beni –la zona más importante de cría de ganado bovino, que ostenta el 46% del hato– tiene una producción media de menos de $us 10 por ha como resultado de la reducida tasa de extracción de sólo un 15% de 3 millones de cabezas que pastan en más de 8 millones de ha. La media del porcentaje de extracción de ganado en los países vecinos, incluyendo algunos sin tradición ganadera como Chile, supera el doble de la de Bolivia.
La única forma para que sea medianamente rentable una unidad productiva que genera menos de $us 10 por ha es establecerla en grandes extensiones. Por lo tanto, podemos afirmar que gran parte de la producción pecuaria nacional no está basada en la productividad, sino en el latifundio.
Por definición, un latifundio es una finca rústica de gran extensión. Fue la estructura agraria predominante en el mundo hasta la Segunda Guerra Mundial debido a la desatención del área rural por parte de los Estados. La mayoría de las zonas agrícolas y pecuarias del oriente y occidente de Bolivia son un triste ejemplo en el siglo XXI de la absoluta negligencia del Estado.
Así como una Reforma Agraria mal encaminada condenó a una parte del agro occidental al minifundio –sin que esto signifique que en el occidente no existan latifundios como los de los criadores de camélidos de la provincia Sajama de Oruro y las grandes llanuras de la provincia Modesto Omiste en Potosí– ha sentenciado a otra parte del oriente al latifundio. En ambos casos, el descuido del Estado ha marcado la imposibilidad de que el capital aplicado a la tierra genere recursos por carencia de carreteras, energía y comunicaciones, que en los hechos significa ausencia de mercados, servicios y asistencia técnica.
La responsabilidad de esta situación no sólo recae en los sucesivos gobiernos que administraron el Estado, sino también en la falta de liderazgo de los gremios de productores, cuyos dirigentes han sido incapaces hasta ahora de diseñar una estrategia de desarrollo productivo basada en la dotación de infraestructura y esperan permanentemente que los gobiernos señalen el camino, como si la actividad en las tierras o la propiedad del ganado fueran del Estado.
A más de 50 años de la Reforma Agraria se sigue negando que el problema del minifundio sea de carácter económico. Ya se ha demostrado en unidades productivas del altiplano que cuando existe una producción económicamente rentable por acceso al mercado y a la asistencia técnica, el productor no subdivide la tierra (provincia Aroma de La Paz, por ejemplo). Y se ha demostrado que por más que muchos productores del oriente tengan conocimiento de técnicas modernas de producción, no las aplican porque sus unidades productivas están desconectadas de la dinámica comercial. Es casi imposible hacer una ganadería tecnificada especializada en cría, recría o engorde cuando para llegar a la finca hay que pagar horas de avión; cuando no se cuenta con centros dinámicos de mercadeo de ganado ni frigoríficos; cuando los caminos, la energía y las comunicaciones las pone el mismo productor.
No se trata de distribuir bien o mal la tierra, sino de acercarla a los mercados para que la aplicación de capital sea efectiva. Sólo dotar tierras y seguir descuidando las enormes inversiones en infraestructura que requieren las zonas rurales, es insistir en distribuir la pobreza que obligó a emigrar a miles de campesinos y condujo al país a las deplorables y vergonzosas cifras actuales de desarrollo humano en el área rural de oriente y occidente.
La única forma para que sea medianamente rentable una unidad productiva que genera menos de $us 10 por ha es establecerla en grandes extensiones. Por lo tanto, podemos afirmar que gran parte de la producción pecuaria nacional no está basada en la productividad, sino en el latifundio.
Por definición, un latifundio es una finca rústica de gran extensión. Fue la estructura agraria predominante en el mundo hasta la Segunda Guerra Mundial debido a la desatención del área rural por parte de los Estados. La mayoría de las zonas agrícolas y pecuarias del oriente y occidente de Bolivia son un triste ejemplo en el siglo XXI de la absoluta negligencia del Estado.
Así como una Reforma Agraria mal encaminada condenó a una parte del agro occidental al minifundio –sin que esto signifique que en el occidente no existan latifundios como los de los criadores de camélidos de la provincia Sajama de Oruro y las grandes llanuras de la provincia Modesto Omiste en Potosí– ha sentenciado a otra parte del oriente al latifundio. En ambos casos, el descuido del Estado ha marcado la imposibilidad de que el capital aplicado a la tierra genere recursos por carencia de carreteras, energía y comunicaciones, que en los hechos significa ausencia de mercados, servicios y asistencia técnica.
La responsabilidad de esta situación no sólo recae en los sucesivos gobiernos que administraron el Estado, sino también en la falta de liderazgo de los gremios de productores, cuyos dirigentes han sido incapaces hasta ahora de diseñar una estrategia de desarrollo productivo basada en la dotación de infraestructura y esperan permanentemente que los gobiernos señalen el camino, como si la actividad en las tierras o la propiedad del ganado fueran del Estado.
A más de 50 años de la Reforma Agraria se sigue negando que el problema del minifundio sea de carácter económico. Ya se ha demostrado en unidades productivas del altiplano que cuando existe una producción económicamente rentable por acceso al mercado y a la asistencia técnica, el productor no subdivide la tierra (provincia Aroma de La Paz, por ejemplo). Y se ha demostrado que por más que muchos productores del oriente tengan conocimiento de técnicas modernas de producción, no las aplican porque sus unidades productivas están desconectadas de la dinámica comercial. Es casi imposible hacer una ganadería tecnificada especializada en cría, recría o engorde cuando para llegar a la finca hay que pagar horas de avión; cuando no se cuenta con centros dinámicos de mercadeo de ganado ni frigoríficos; cuando los caminos, la energía y las comunicaciones las pone el mismo productor.
No se trata de distribuir bien o mal la tierra, sino de acercarla a los mercados para que la aplicación de capital sea efectiva. Sólo dotar tierras y seguir descuidando las enormes inversiones en infraestructura que requieren las zonas rurales, es insistir en distribuir la pobreza que obligó a emigrar a miles de campesinos y condujo al país a las deplorables y vergonzosas cifras actuales de desarrollo humano en el área rural de oriente y occidente.
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